La crisis del sistema republicano

Rodolfo Vacarezza

En la Argentina rige la división de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, desde que se creó la nación. Con esa matriz, basada en el derecho de Roma, se quiso dar amparo a básicos derechos del hombre. La Constitución los establecer: derecho a la vida, al trabajo, al patrimonio, a la defensa en juicio, a la libre entrada y salida del territorio, etc.

El Poder ejecutivo lo ejerce el Presidente de la Nación, que es el tutor general del país.  El Poder de legislar dicta las leyes que rigen el país y tiene mucho mando sobre cuestiones de límites, pago de la deuda externa, valor de la moneda, impuestos, entre otras. El Poder judicial, con sus sentencias y fallos, limita al Poder ejecutivo y al legislativo de los abusos  y atropellos a los derechos amparados por la Constitución.  El fin es impedir que el Presidente o el Congreso violen las facultades de los otros poderes.

Cuando el Poder ejecutivo por decretos de necesidad y urgencia, nombra jueces de la Corte Suprema, teje alianzas, interfiere en el dictado de los fallos y sus efectos, consuma abusos, como el Corralito financiero del 2001, que dañó a miles de ciudadanos a quienes se les robaron sus ahorros. El Poder legislativo muestra su falla, como cuando impide asumir su cargo a un diputado electo de modo libre y constitucional por el pueblo.

El sistema republicano está en crisis porque se quiebra la división de poderes, según la cual deben reinar jueces rectos y probos que acepten cargos sin condiciones, y legisladores dignos, que sancionen leyes para el Bien Común.

La República no debe ser Principado para evitar actos abusivos. Al respetar la división de poderes, se fortalecen los derechos constitucionales y se evitan injusticias y abusos. (In 19)